Desde la Dirección de Políticas de Género del Municipio de Río Gallegos manifestamos nuestro repudio a las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados donde dijo que “la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos”.
El Gobierno Nacional vuelve a posicionar como adversarias a las mujeres y las diversidades. Las políticas de género no son ideológicas, sino que existen legislaciones y tratados internacionales con jerarquía constitucional que obligan a los Gobiernos a trabajar para erradicar las problemáticas que atraviesan las mujeres y las personas de la comunidad LGBTI+.
“Nuevamente estos dichos son una muestra más de que este Gobierno nos elige a las mujeres y diversidades como enemigas”, lamentó Laura Ibáñez, directora de Políticas de Género de Río Gallegos.
También expresamos nuestro rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de desfinanciar el Programa Acompañar, que brindaba asistencia económica a mujeres y a personas de la comunidad LGBTI+ en situación de violencia.
Este nuevo ataque a las políticas de género se oficializó en el Decreto 755/2024. Ahora, con estas modificaciones, las personas que atraviesen una situación de violencia y requieran acompañamiento deberán acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de VMG.
Además, la prestación económica no reintegrable, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, será de tres meses a partir de ahora, cuando antes era por seis meses. No es menor recordar que el Programa Acompañar se creó con el objeto de promover la autonomía de las mujeres y personas de la comunidad LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género.
Se hacía mediante la prestación económica que se otorgaba y del fortalecimiento de las redes de acompañamiento, destinada a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias. Para acceder a la prestación del programa acompañar solo se requería acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de genero mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias.
Sobre esto, la directora de Políticas de Género de Río Gallegos enfatizó que las modificaciones “no tienen en cuenta la dificultad que representa muchas veces realizar la denuncia, por lo cual muchas mujeres no podrán acceder a este Programa”. “Tampoco -dijo- tiene en cuenta que quienes realizaban el acompañamiento eran equipos interdisciplinarios especializados en la contención, abordaje y acompañamiento para realizar la denuncia. Este Gobierno sigue recortando sobre las mujeres, en este caso en la prestación económica que se reduce de seis meses a tres”.